Sería hasta 1824 que, tras una guerra y un efímero imperio, se estableció la primera República Federal y con ello una serie de instituciones que buscaban coadyuvar en la actuación de la administración del nuevo gobierno, así como garantizar los derechos de los ciudadanos mexicanos. Entre los organismos que se sumaron a la administración del país estuvo el Archivo General y Público de la Nación, esto gracias a la mano de Lucas Alamán quien promovió el decreto de su creación en agosto de 1823, con el fin de reparar la documentación de las oficinas de los despachos del gobierno, así como organizar los expedientes del antiguo archivo del Virreinato. Al ser un archivo público y nacional, sus servicios no estaban destinados exclusivamente al gobierno, sino para todos aquellos ciudadanos que estuvieran interesados en consultar su acervo documental, con la idea de construir una identidad histórica para la nación mexicana recién conformada.